La rápida digitalización en el país choca con la falta de una normativa integral para proteger la información personal que entregamos a diario.
Entregar el número de celular, una fotografía del carnet de identidad o la huella digital se ha vuelto parte de la rutina cotidiana al realizar trámites, compras o pagos mediante códigos QR. Sin embargo, cada uno de estos gestos deja un rastro digital cuyo destino final queda completamente en manos de quien lo recopila, debido a la ausencia de regulaciones específicas en el país.
La falta de una normativa integral
El problema principal radica en que el territorio nacional carece de una ley general que defina con claridad qué constituye información confidencial, los límites para su uso y las sanciones aplicables por su mal manejo. Actualmente no existe una oficina especializada con la competencia necesaria para revisar filtraciones, ordenar correcciones o sancionar a instituciones públicas o empresas privadas que compartan registros sin autorización.
Anteproyectos estancados y alternativas
Aunque existen propuestas impulsadas desde sectores como la Fundación InternetBolivia.org mediante su iniciativa Yo protejo mis datos activa desde 2018, además de proyectos estatales desarrollados por la AGETIC, ninguno ha logrado convertirse en ley. Por otro lado, herramientas como las redes privadas virtuales (VPN) ayudan a cifrar el tráfico y proteger la conexión en el trayecto, pero no resuelven lo que ocurre con la información una vez que llega a su destino final.
- Evitar entregar fotocopias de documentos de identidad sin antes consultar su propósito.
- Revisar minuciosamente los permisos de ubicación, contactos y micrófono en las aplicaciones móviles.
- Utilizar correos electrónicos separados para trámites y asuntos personales.
Con información de www.opinion.com.bo.
Foto de portada: Markus Winkler en Pexels.