La aplicación de operativos de control en unidades educativas genera debate sobre la protección de los derechos de los estudiantes.
Los operativos de control implementados en establecimientos educativos de Cochabamba y El Alto han encendido el debate institucional. La Defensoría del Pueblo expresó su desacuerdo con estas intervenciones, señalando que afectan garantías fundamentales de los alumnos, tales como la privacidad y la integridad personal.
Revisión de protocolos educativos
Ante esta situación, la entidad defensorial solicitó frenar estas acciones para coordinar nuevas estrategias con las carteras de Gobierno y Educación. La intención es abrir espacios de diálogo junto a la Policía Boliviana y los gobiernos locales con el fin de diseñar directrices que respeten las normativas vigentes sobre niñez y adolescencia.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que “rechazamos la implementación de este plan” debido a la afectación directa a los menores durante la revisión de sus pertenencias personales.
Enfoque integral ante las adicciones
Desde la institución se destacó la necesidad de abordar el consumo de sustancias mediante programas de prevención, atención y rehabilitación, evitando medidas que puedan criminalizar a los jóvenes. Asimismo, se requirió información oficial al Ministerio de Gobierno sobre el alcance operativo de estas acciones llevadas a cabo por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.
- Solicitud formal de suspensión temporal de las requisas.
- Propuesta de mesas técnicas multidisciplinarias.
- Petición de informes al Ministerio de Gobierno.
Finalmente, se recordó la importancia de evaluar los resultados previos en materia de salud mental y prevención de adicciones para consolidar un entorno seguro y respetuoso en el ámbito escolar.
Con información de www.reduno.com.bo.
Foto de portada: Yan Krukau en Pexels.